¿El Salvador falsificó compras de Bitcoin para estafar al FMI?

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda legal. El presidente Nayib Bukele afirmó que esta decisión ayudaría al país a liberarse de la dependencia del dólar estadounidense y reduciría los altos costos de envío y recepción de dinero.

El gobierno lanzó la Chivo Wallet, instaló cajeros de Bitcoin, prometió una “Ciudad Bitcoin” libre de impuestos y planeó recaudar mil millones mediante “Bonos Volcán” para avanzar en su agenda digital. Pero lo que más destacó fue la promesa del presidente de comprar un Bitcoin diario desde noviembre de 2022, y durante más de dos años, su administración afirmó haberlo cumplido.

Además, el gobierno constantemente resaltaba su compromiso publicando actualizaciones sobre nuevas compras semanalmente en redes sociales. Usaban sitios como Nayib Tracker para presumir las crecientes reservas y convencer a todos que no retrocederían.

Los círculos bitcoineros elogiaban al país por enfrentarse a los sistemas financieros tradicionales, mientras los entusiastas cripto calificaban su audacia como visionaria.

En realidad, El Salvador necesitaba dinero urgentemente. El país enfrentaba una deuda creciente, déficit presupuestario y presión para reconstruir confianza con prestamistas internacionales. La situación financiera era más frágil de lo aparente, así que el gobierno negoció discretamente un préstamo de 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional, aceptando condiciones estrictas.

En julio de 2025, la revisión del FMI reveló que El Salvador no había comprado nuevos Bitcoin desde febrero, apenas semanas después de finalizar el acuerdo. Esta impactante noticia planteó una gran pregunta: ¿Realmente creía El Salvador en Bitcoin, o solo montaba un espectáculo para conseguir dinero?

Funcionarios contaban historias diferentes al FMI y al público

A finales de 2024, El Salvador enfrentaba creciente deuda y presión económica. Su audaz experimento con Bitcoin captó titulares pero no atrajo el alivio económico esperado. Aunque el turismo aumentó ligeramente y algunos influencers mostraron interés, problemas como déficits crecientes, desconfianza pública, proyectos estancados y una Chivo Wallet defectuosa seguían sin resolverse.

El gobierno no tuvo más remedio que acudir al FMI (organización que antes rechazaba) porque necesitaba urgentemente financiamiento confiable.

Tras meses de negociaciones, El Salvador aseguró un préstamo de 1.400 millones por 40 meses en diciembre de 2024. El acuerdo pretendía estabilizar la economía y reconstruir confianza, pero con condiciones estrictas.

El país acordó detener compras de Bitcoin, hacer su uso opcional en lugar de obligatorio, limitar el control gubernamental de Chivo Wallet y aumentar transparencia en actividades cripto estatales.

El gobierno informó discretamente al FMI que había dejado de comprar Bitcoin en febrero de 2025, pero ocultó esta información al público. En cambio, Bukele y la Oficina Nacional de Bitcoin seguían publicando en redes como si continuaran con las compras diarias.

El informe del FMI de julio 2025 reveló que no habían realizado nuevas compras durante meses. Una carta adjunta afirmaba que “las reservas de Bitcoin del sector público permanecen sin cambios”, firmada por el presidente del banco central y el ministro de finanzas.

Un pequeño pero revelador detalle en la nota al pie nueve mostraba que el aumento en las reservas provenía de transferencias entre carteras existentes, no de nuevas compras. Básicamente, el gobierno solo movía Bitcoin entre sus propias carteras, sin añadir nada nuevo.

Líderes falsificaron compras para asegurar un préstamo de 1.400 millones

¿Engañó deliberadamente el gobierno al público sobre las compras de Bitcoin, o simplemente usó una estrategia inteligente para obtener financiamiento mientras mantenía su imagen cripto? Esa es la cuestión central.

Era evidente que el equipo de Bukele sabía que el préstamo exigía cambios importantes en sus políticas de activos digitales. Sin embargo, siguieron haciendo declaraciones públicas contradictorias, incluso después de aceptar los términos y confirmar su cumplimiento en documentos oficiales.

La comunicación ambigua del gobierno mostraba una estrategia clara: conquistar tanto al público como a los prestamistas globales. No solo cooperó con el FMI y aceptó condiciones estrictas en privado, sino que también obtuvo más de 2.000 millones adicionales del Banco Mundial y BID.

El gobierno enfrentaba presión pública para proteger su imagen cripto mientras cumplía exigencias del FMI entre bastidores. Desde 2021, Bukele había usado Bitcoin para presentar a El Salvador como una nación audaz y tecnológica que desafiaba poderes globales. Admitir que había dejado de comprar Bitcoin o que seguía reglas del FMI podría dañar esa imagen.

Por esta razón, probablemente eligieron equilibrar verdad e imagen por necesidad política y económica, no por malicia. Protegieron su marca, animaron a sus seguidores y aplazaron las consecuencias de cambiar el rumbo manteniendo viva la historia de las compras. También desbloquearon financiamiento vital y evitaron problemas económicos más profundos siguiendo discretamente las reglas del FMI.

El ejemplo de El Salvador advierte a otros países

El Salvador nunca admitió haber dejado de usar Bitcoin, pero entre bastidores permitió que partes clave de la narrativa se desvanecieran mientras mantenía un fuerte apoyo público. Esta doble estrategia funcionó temporalmente porque el FMI obtuvo sus reformas y el mundo cripto siguió creyendo.

Pero en julio de 2025, el informe del FMI confirmó que el gobierno no había comprado Bitcoin desde febrero, revelando la verdad y mostrando la fragilidad del experimento ante presiones económicas reales.

El ejemplo de El Salvador es una advertencia para países de África, Sudeste Asiático y Latinoamérica que consideran experimentos similares. Intentó liderar usando Bitcoin como política nacional, pero el audaz experimento cedió ante una retirada silenciosa cuando la deuda, sistemas débiles y demandas reales golpearon. Bitcoin no falló tecnológicamente, pero sin transparencia, reglas sólidas e infraestructura confiable, el plan nunca estuvo construido para durar.

Esto plantea una pregunta mayor: ¿Puede Bitcoin realmente funcionar como política nacional, o es demasiado inestable y arriesgado? ¿Los gobiernos están realmente comprometidos con el cambio, o solo usan las criptomonedas para distraer al público, retrasar decisiones difíciles y pulir su imagen?

En el caso de El Salvador, el panorama es claro. Bitcoin trajo atención, aumentó la popularidad del presidente y creó una imagen de progreso. Pero una vez que esa imagen colapsó, el país seguía profundamente endeudado, dependiente de préstamos extranjeros y obligado a arreglar la confusión que ayudó a crear.